Más sociedad, menos estado (III)

... Nadie puede decir con certeza cuál habría sido el desarrollo occidental y, por lo tanto, de las instituciones autónomas si tres factores nuevos no se hubiesen intercalado en la historia de Occidente. Después de la evolución orgánica desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo XV (mil años), esta red de instituciones autónomas y libres murió de repente. Más bien tres factores asesinaron los organismos representativos de la antigua cristiandad y así produjeron la crisis perpetua dentro de la cual el Occidente ha venido a dar durante cuatro siglos.

Estos tres factores fueron:

1) El nacimiento del Estado absoluto. Primeramente de hecho en Francia con el absolutismo borbónico y con la teoría de Juan Bodino.

2) El nacimiento del capitalismo liberal respaldado por el Calvinismo protestante.

3) La Revolución Industrial.

Si queremos localizar el papel potencial de los Cuerpos Intermedios en la sociedad actual tendremos que darnos cuenta del daño enorme hecho a la cristiandad por estas tres causas.

En primer lugar el nacimiento del Estado absoluto. El crecimiento del poder real en Francia, primeramente, y luego en todo el continente hizo desaparecer a todas las instituciones sobre las cuales ya he hablado. Quedaron unas momias de gremios, universidades, fueros y de los demás organismos de los que ya he hablado. Momias desangradas y despojadas de vida propia. El Estado centralizaba no solamente todo el poder, sino que toda la autoridad dentro de ella. Así, destrozando toda la autonomía de la sociedad, reduciéndola a un terreno enorme administrado desde la capital. Reduciéndola a un desierto enorme sin vitalidad propia.

Lo que empezó el absolutismo borbónico, la Revolución Francesa y liberal lo continuaron. Las regiones, primeramente en Francia, luego en España y en todo el mundo latino perdieron sus antiguos fueros y se redujeron a meras entidades administradas. Los gremios o desaparecieron o se marchitaron hasta llegar a ser reliquias pintorescas de una edad ya muerta.

El Estado liberal simplemente se apoderó de las Universidades en un robo gigantesco. Los bienes municipales pasaron al Estado para terminar en las manos de una clase nueva de burgueses. Lo que pasó era un levantamiento en masa de los ricos nuevos contra los pobres. Así defraudada y desilusionada, la nueva masa amorfa llegó a ser la víctima de la propaganda marxista.

En segundo lugar, el capitalismo liberal nació en Inglaterra y en Holanda, hasta cierto punto en Francia, Italia y más tarde en España y la América hispánica. El capitalismo liberal es la consecuencia directa del calvinismo protestante. Calvino había predicado que la gran masa de los hombres está predestinada al infierno. Dios señala a los pocos salvados, un puñado de santos, a través de unos signos o símbolos. Los calvinistas interpretaban a su maestro en un sentido capitalista, a saber: los santos son los hombres que han obtenido un éxito material en la vida. Por eso, el capitalismo, ya nacido en Europa antes, recibió la escuela que necesitaba para desarrollarse. Sellaba con una aprobación carismática, mesiánica, la nueva burguesía, aliada con el Estado absoluto nuevo, concentraba en todo lo posible la riqueza del continente en sus manos. Este dinamismo liberal y calvinista se compaginaba perfectamente con lo que el Estado absoluto estaba haciendo. Todo trabajaba en unión para que la antigua estructuración de la sociedad desapareciera.

Si Inglaterra hoy en día es un país de parques preciosos, y lo es, se debe al hecho de que estos parques habían sido las tierras de campesinos libres en el pasado, ahora convertidos en jardines y en campos de caza para una nueva clase que simplemente robó el país de sus antiguos dueños.

En España, por poner otro ejemplo, la cuarta parte de la tierra pasó en un año, en el siglo XIX, de la Iglesia y de los Municipios a las manos del liberalismo nuevo. Me refiero a la famosa desamortización de Mendizábal, masón.

En tercer lugar, estalló una revolución industrial. Si esa revolución se hubiera desarrollado a través de la estructuración católica de la cristiandad antigua, viviríamos en un mundo radicalmente diferente hoy. La máquina es un instrumento, ¿verdad?, nada más. Pudiera haber evolucionado en aras de un perfeccionamiento del empresario pequeño así como del grande. La Revolución Industrial pudiera haber encajado dentro de una sociedad no capitalista-liberal; pero nunca debernos olvidar que el liberalismo ya se había apoderado del Continente europeo antes del comienzo de la revolución industrial a fines del siglo XVIII.

Por eso la clase liberal-capitalista-calvinista y masónica en gran parte, pudo apoderarse de la técnica nueva en aras de sus propias metas. Decir que una sociedad llena de proletarios es el precio que tuvimos que pagar para el progreso técnico es simplemente una mentira.

Ahora bien, la Iglesia Católica lanzó su doctrina social sobre el papel imprescindible de los Cuerpos Intermedios en el siglo pasado, empezando con León XIII. En la Edad Media el contenido de esta doctrina era menos doctrina que vida, como ya hemos dicho, pero la formulación nueva de la misma realidad tuvo que tener en cuenta la existencia del Estado moderno. Lo que la filosofía política y social de la Iglesia exige, en una palabra, es que el Estado devuelva a la sociedad lo que el mismo Estado robó de ella a través de cuatro siglos de latrocinio, ni más ni menos.

Por eso, la doctrina papal encuentra su cetro dorado en el principio de la subsidiariedad. Este principio, la espina dorsal de la doctrina social de la Iglesia, tal y como aquella doctrina se ha desarrollado a través de las Encíclicas, aparece en Cuadragésimo Anno como el más importante principio de la filosofía social.

Se puede formular la idea central de subsidiariedad en estas palabras: Todo lo que pertenece a una sociedad o grupo inferior debe ser ejecutado por el grupo en cuestión, a menos que éste no pueda hacerlo. En tal caso, la sociedad inferior precisa de la ayuda de la sociedad inmediatamente superior a ella. Lo que se aplica a la familia en cuanto a sus relaciones con las sociedades superiores, a ella se aplica también dentro de la misma familia. El padre no debe asumir las responsabilidades de la madre, a no ser que ella no esté en condiciones para desempeñarlas. Los padres no deben asumir las responsabilidades de sus hijos, siempre que ellos tengan la madurez necesaria para llevarlas a cabo.

Este principio contiene dos componentes: por un lado la libertad, por el otro lado la solidaridad.

A la libertad pertenece la primera parte del principio. El grupo superior debe abstenerse de hacer lo que el inferior puede hacer libremente. Una intervención aquí haría que la voluntad y la responsabilidad, condiciones para el ejercicio de la libertad, se marchitasen. Tal intervención reduciría al hombre al nivel de un esclavo. A la solidaridad, la segunda parte del principio, pertenece lo positivo, el grupo superior debe intervenir cuando el inferior no puede hacer lo que por naturaleza le atañe.

Para poner un ejemplo: una sociedad que permitiese que el hombre muriese en la calle por no tener trabajo, pecaría gravemente contra la justicia, pero esta solidaridad de hombres y grupos no se restringe a una incapacidad, incluye también lo que pertenece por naturaleza a un grupo. Por ejemplo: no es propio de la familia defender la ciudad, donde tiene su casa y sus bienes, este trabajo pertenece a un organismo superior; el Ayuntamiento; pero, ojo aquí, el principio no tiene nada que ver con una eficacia puramente técnica. A menudo un organismo superior puede hacer el trabajo o cumplir con el deber de un organismo inferior mejor que él. Esto no tiene importancia alguna, según la doctrina de subsidiariedad; si lo tuviera caeríamos en una tecnocracia fría. Con tal de que el organismo inferior pueda desempeñar su papel aun con menos eficacia técnica, el organismo superior no debe de intervenir en absoluto. Como el gran pensador católico inglés, Chesterton escribió: "Hay muchos hombres que podrían organizar mi casa mejor que yo, pero eso no quita ni mi libertad ni responsabilidad para con mi propia casa."

En una palabra, el principio de la subsidiariedad no tiene nada que ver con la eficacia técnica sino con la libertad y con la solidaridad ...

Más sociedad, menos estado (II)

... Aquí tropezamos con el tema famoso de los fueros y de las libertades concretas de los Cuerpos Intermedios. Creo que podemos acercarnos a este problema dándonos cuenta de que el sentido de la ley en los tiempos de desarrollo de los Cuerpos Intermedios tuvo muy poco que ver con lo que llamamos hoy en día la Legislación. La legislación generalmente se limitaba a interpretar una ley ya existente en la comunidad. La ley era entonces foralista. La ley y el fuero apuntaban a una misma cosa. Cada región y cada reino gozaban de una multiplicidad enorme de leyes y de derechos; a saber, fueros, que tenían que ver por un lado con la justicia y por otro lado con el autogobierno, y podríamos añadir con los impuestos también.

A veces escritos y a veces no, los fueros nunca tenían un carácter unívoco. Al contrario, manando de suelos históricos diferentes, los fueros eran unos espejos de personalidades corporativas y sumamente concretas. Por ejemplo, los fueros de Castilla no eran los fueros de Aragón, y los fueros de Aragón no eran los fueros de Navarra, y los de Navarra no eran los de, vamos a decir, Polonia. Los mismos reyes reinaban y gobernaban según los fueros y a menudo se sentían oprimidos por la autoridad masiva que pertenecía a esta serie de leyes, costumbres y derechos. Ahora bien, precisamente aquí, en este desarrollo de la pluralidad de instituciones autónomas, el hombre occidental encontraba su libertad política. Por primera vez en la historia podemos decir, creo yo, sin exageración, que la libertad nació dentro de esa red de instituciones autónomas.

La libertad quiere decir, filosóficamente hablando, dos cosas: en primer lugar, la libertad de desarrollarse; en segundo lugar, la libertad de escoger entre alternativas y, sobre todo, entre alternativas en caso de un conflicto de intereses. Si el hombre católico de la antigua cristiandad hubiera pertenecido solamente a una institución, podría haberse desarrollado dentro de ella, ya sea gremio, municipio o lo que fuere, pero no habría gozado de la segunda libertad, la de escoger. Pero la misma persona —y aquí tenemos la clave, creo yo, de la libertad de escoger— pertenecía a varias instituciones y sociedades: a la familia, al municipio, al gremio, a una región o reino con sus propios fueros, etc. Debido a esta institucionalización múltiple o plural, la persona podía escoger en caso de conflicto entre dos o más instituciones. Si el gremio o el municipio —vamos a poner un ejemplo—, la persona concreta por pertenecer a ambos organismos podía escoger entre ellos.

La libertad política no nació con el sistema de partidos del liberalismo del siglo XVIII y del siglo XIX; libertad no quería decir libertad de escoger entre partidos, sino de escoger entre intereses en conflicto por parte de un hombre que se había incorporado a las dos o más instituciones que representaban los intereses en cuestión. El ejemplo más dramático de esto era la controversia entre el Imperio Romano y la Iglesia, Debido a ser sujeto de la Iglesia y del Imperio, el hombre simplemente tuvo que escoger entre ellos cuando el famoso conflicto se presentaba.

Siempre había conflictos en el orden jurídico, y sería un sueño imaginar que un orden político cristiano podría existir sin conflictos. El orden público cristiano no es ninguna utopía, sino la estructura política y social que mejor integra todas las dimensiones de la vida humana: dimensiones que a veces estarán en conflicto.

Desde este conflicto nace lo que debemos llamar libertad política, entendiendo por ella, no la libertad de desarrollarse (la primera libertad), sino la de escoger entre alternativas. Ahora bien, hablamos hoy día de los Cuerpos Intermedios y solemos pensar que se sitúan entre la persona, por un lado, y el Estado, por otro. Nuestra manera de conceptualizar el asunto no corresponde a la evolución histórica de esos organismos. Y no corresponde porque durante la etapa de evolución de estas instituciones el Estado moderno, como ya he explicado, simplemente no existía. El Estado no otorgaba a la comunidad un grupo de organismos autónomos, porque no había Estados, sino reinos o repúblicas que constituían el poder político.

Poder político no se identifica con la autoridad como ahora, debido a las consecuencias del absolutismo francés y de la Revolución Francesa; la autoridad pertenecía en primer lugar a Dios y a su Ley, cuyo representante en la tierra era la Iglesia.

La Autoridad, en segundo lugar, pertenecía a los mismos cuerpos, llamados hoy en día Intermedios.

El Gremio era la autoridad para todo lo que tuviera que ver con el gremio. El Municipio era la autoridad para todo lo municipal. La Universidad era la autoridad para todo lo científico. También los mismos fueros disfrutaban de una autoridad sui generis, y cualquier Rey que tratara de violar a los fueros perdía su legitimidad. No de origen, pero sí de ejercicio, según la distinción tradicionalista.

Por eso el poder público pactaba con el pueblo en aras de cumplir con su deber, el Bien Común, en cuanto a la justicia por dentro y la defensa por fuera.

Podemos ver el asunto más fácilmente, creo, si nos damos cuenta de que la misma sociedad estaba tan fuertemente institucionalizada y autogobernada que el papel del poder político o de lo que llamamos hoy en día poder central era muy limitado.

El poder sí era uno, pero esta unidad política se encontraba dentro de una comunidad que lo necesitaba solamente para la interpretación de la justicia, para la resolución de conflictos e intereses y para la defensa contra enemigos de fuera ...

Más sociedad, menos estado (I)

LA EVOLUCION DE LOS CUERPOS INTERMEDIOS

POR

FEDERICO D. WILHELMSEN.

Profesor de Filosofía en la Universidad de Dallas. Texas (U. S. A.).

(Extraído de la revista Verbo)

Cuando hablamos de los cuerpos intermedios tenemos que distinguir, según mi criterio, entre dos cosas:

1) Cuerpos Intermedios como realidades históricas.

2) Cuerpos Intermedios como Doctrina Social de la Iglesia.

 

 

Esta ha sido una doctrina elaborada a través de los últimos dos siglos, mientras que aquella fue una realidad palpable en la cristiandad medieval. Lo que me gustaría hacer entonces es lo siguiente: en primer lugar vamos a mostrar en líneas generales la evolución histórica de los cuerpos intermedios, y luego en segundo lugar vamos a indicar la vigencia doctrinal que éstos tienen para nuestra sociedad actual occidental.

Aunque las formas de gobierno, a saber: la Monarquía, Aristocracia, tienen una historia mucho más larga que la del cristianismo, no podemos decir lo misino en cuanto a los Cuerpos Intermedios. Son instituciones netamente representativas y libres que emanaban de una época exclusivamente cristiana.

La caída del Imperio Romano a través de un proceso largo de degeneración interior y de ataques bárbaros desde el exterior produjo en el continente europeo un vacío enorme; no debemos olvidar el hecho de que el Imperio Romano constituyó toda la civilización occidental de aquel entonces. Era un Estado cabalmente centralizado y unitario en los últimos siglos de su existencia, cuando se encontraba amenazado por las tribus bárbaras y germanas. La vida romana estaba organizada de la cumbre hasta abajo; de suerte que todos los detalles de la industria y del trabajo pertenecían a una burocracia gigantesca cuyo jefe era el mismo Emperador romano, primer soldado de la civilización.

Desde el siglo III después de Cristo, el Imperio era más una fortaleza que una sociedad, era más un ejército organizado para la defensa de una sociedad que una sociedad política. Podemos ver esto fácilmente. Ningún artesano podía cambiar su oficio, ni ningún socio de un gremio o sindicato podía subir o bajar en la vida. El Estado romano llega a ser como absoluto simplemente dedicado a la necesidad de lucha contra el enemigo, la barbarie. La caída del Imperio produjo un vacío enorme en Europa, el Estado romano desapareció, y lo que había sido un continente organizado y administrado desde un centro político volvió a ser nada más que polvo de tribus más o menos cristianas cuya vida política era la del clan y la de la sangre.

Con la cristianización del continente europeo un fenómeno nuevo en la historia del occidente ocurrió, a saber: debido a la desaparición del Estado central romano que antes había legislado todo, hasta los detalles más íntimos, más mínimos de la vida, los hombres tenían que gobernarse a sí mismos a la fuerza; no había otro remedio. El nacimiento de las instituciones autónomas y libres de la Edad Media no era la consecuencia de una teoría política, sino una necesidad impuesta por las circunstancias de la vida. Los pueblos europeos, todavía no autoconscientes de un sentido fuerte de la nacionalidad, tenían un ejemplo del autogobierno en las órdenes religiosas, en los grandes monasterios de los benedictinos, que formaron comunidades de monjes que procuraban para los suyos todas las necesidades de la vida. Los pueblos nuevos no podían mirar hacia el Estado porque el Estado, tal como entendemos la palabra hoy día, no existía; no había Estados, había reinos, eso sí. Pero el poder real era débil y los requisitos para gobernar a los hombres eran escasos.

Repito la tesis porque es sumamente importante paira entender el papel social y político de los Cuerpos Intermedios: el Estado no regaló a los pueblos una serie de instituciones autónomas intermedias por no existir el mismo Estado. Los hombres desde abajo creaban los cuerpos sociales de la nada.

Si la libertad humana se une estrechamente con la responsabilidad, podemos decir que la libertad occidental nació en aquel momento histórico cuando los pueblos europeos, espontáneamente y sin ningún mandamiento desde arriba, organizaron su propia vida social y corporativa alrededor de una red de organismos que engarzaban todas las dimensiones de la existencia humana. En cuanto al espacio y al tiempo, el Municipio puede considerarse como el enlace entre las familias individuales y los demás organismos que estaban naciendo a la vez.

Los campesinos en aquellos siglos no solían vivir en casas aisladas, sino en aldeas concentradas generalmente en un valle, organizando la vida política del mismo Municipio, según costumbres y leyes que emanaban, podríamos decir, del mismo suelo. Cada aldea tenía una constitución política pequeña, y ninguna de esas constituciones se identificaba con otra. Había una variedad casi infinita dentro del Municipio, que dependía de un señor feudal hasta el Municipio totalmente liberado de cualquier enlace con el feudalismo. Si el Municipio crecía debido a la necesidad de que las familias resolviesen sus problemas comunes según una red de costumbres y leyes, según una constitución generalmente no escrita, podemos decir algo semejante de los gremios, semillas del sindicato moderno.

Unos historiadores fechan el nacimiento del gremio o del sindicato en la ciudad de Oviedo, en Asturias; para nosotros lo importante es el hecho de que los artesanos formaban una serie de organismos que tenían como meta una red de finalidades propias. Los gremios fijaron los precios de sus productos, dejaban un nivel de excedencias para los mismos productos, establecían las reglas para el ejercicio de sus oficios, pero no se contentaban con limitar el campo de sus actividades a lo estrechamente económico. Cada gremio medieval tenía un tesoro para atender a las viudas v huérfanas de sus socios. Cada gremio creaba un fondo para atender a los trabajadores enfermos.

Así se mezclaba lo económico con lo social, de suerte que ambos se casaban en un matrimonio feliz. También los gremios gozaban de un papel religioso, ya que la intensidad con la cual los hombres vivían la fe en esos siglos hacía que los gremiales dedicaran sus oficios a un santo, a una virgen, y así el mismo trabajo se sacramentalizaba. Por muy dura y áspera que fuese la vida, los hombres de trabajo habían unido, casi espontáneamente, lo económico, lo social y lo espiritual. Las cofradías a veces eran los mismos gremios.

Una evolución paralela se dio en el campo de la educación. La Universidad es una institución puramente cristiana y católica en cuanto a su nacimiento. En la antigüedad había academias y colegios, pero ningún cuerpo de profesores y alumnos donde se concentraba toda la ciencia en un lugar determinado.

El desarrollo de la Universidad, con su estructuración en facultades y por grados de competencia, empezando con el bachiller medieval hasta el doctorado, pertenecía casi exclusivamente a la Iglesia. Baste decir aquí que cada Universidad se autogobernaba según una serie de reglas que emanaban desde dentro de ella, y el prestigio de la Universidad era tan enorme que los mismos reyes solían pedir su opinión sobre asuntos que tocaban la ley natural o el derecho natural. Y esos mismos reyes nunca se lanzaban a aventuras sin haber conseguido el consentimiento de las Universidades. El poder real, en aquellos tiempos siempre débil en comparación con los antiguos emperadores romanos y con el poder de los Estados modernos, encontraba un freno contra cualquier tendencia hacía la tiranía en las Universidades, los Gremios y los Municipios. El poder real tenía que "pactar" con la sociedad, ya que la sociedad no era la relación con un gobierno centralizado y tampoco era una mera extensión de ella. La sociedad se organizaba, como estamos viendo, desde dentro de su propio meollo. Por lo tanto, el poder político, generalmente monárquico en esos tiempos, tenía que dialogar con la sociedad a fin de conseguir sus propias metas...

 

Tradición por siempre

Uno de los pilares de esta bitácora ha sido siempre la defensa de la Tradición (con mayúsculas) como única medicina posible ante la enfermedad mortal que aqueja a la humanidad desde esa hecatombe llamada Revolución Francesa, o para ser más precisos desde el cisma luterano.

La enfermedad es conocida como modernismo, liberalismo, o por cualquiera de sus otros nombres según las múltiples mutaciones del virus (capitalismo, comunismo, etc.) pero como dijo el R.P. Castellani, es sencillamente la más sutil y compleja de las herejías y la religión del Anticristo.

Y la Tradición puede resumirse en la fidelidad a Nuestro Señor Jesucristo, con todo lo que implica de fidelidad a la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana y a sus enseñanzas seculares.

La Religión Católica y la civilización greco-romana fueron la base de la organización de los Reinos Cristianos, y en el trascurso de los siglos fueron conformando la sociedad cristiana con sus leyes e instituciones, fundamentalmente en ese periodo de la historia que los modernistas llaman con desprecio edad media, como si no fuera más que un intermedio en un figurado proceso de transición desde la antigüedad clásica hasta lo que llaman renacimiento y edad moderna.

Pero la edad media es ciertamente la Edad de Oro para la humanidad, y en España, donde del siglo octavo al décimo quinto la civilización cristiana se desarrolla inmersa en la epopeya de la Reconquista frente al Islam, son precisamente los siglos décimo sexto y décimo séptimo los que constituyen nuestros Siglos de Oro, esto sí innegable incluso para los historiadores liberales, como consecuencia directa del establecimiento definitivo de las bases de nuestra Patria en la fidelidad a la única y verdadera Iglesia de Cristo, en la unidad territorial peninsular y en la evangelización del Nuevo Mundo.

Es sabido que para el Leviatán conocido como estado moderno, las tradiciones no son más que manifestaciones folclóricas con posibilidad de explotación económica turística. Pero en el fondo del alma de los verdaderos hombres, los que viven y sienten en contacto con la tierra, las tradiciones son mucho más que todo eso y están muy por encima de las modernas instituciones, que les son tan ajenas como inútiles y en la mayoría de los casos seriamente nocivas.

Cuento todo esto a modo de introducción, para traer a este rincón de internet la reseña de otra de nuestras hermosísimas tradiciones hispanas, que en estos días se está viviendo en la ciudad de Astorga y los pueblos de las comarcas cercanas.

Esta tradición se remonta a los tiempos de Santo Toribio, obispo de Astorga, más conocido como Santo Toribio de Liébana por haberse trasladado allí sus retos en el siglo octavo ante el avance sarraceno.

Santo Toribio, que vivió en el siglo quinto, es famoso por su combate contra la herejía priscilianista y por haber traído de Tierra Santa un fragmento de la Cruz de Cristo, el Lignum Crucis, que se venera junto a sus restos en el Monasterio de Liébana.

El evento que nos ocupa tiene su origen en una gran sequía de siete años ocurrida en vida de Santo Toribio. Los campesinos acudieron a pedir consejo y auxilio al santo, ya obispo de Astorga, que les encomendó buscar la imagen de la Virgen de Castrotierra y, una vez hallada, conducirla en procesión a la catedral de Astorga donde debían ofrecerle un novenario, cumplido lo cual llegaría la ansiada lluvia a los campos, como así sucedió efectivamente.

Desde entonces peregrina la imagen conocida como Virgen del Castro desde su santuario hasta Astorga y regreso, al menos cada siete años, o en ocasión de gran sequía.

La imagen actual de Nuestra Señora del Castro es una talla románica sedente de madera policromada al temple. En la mano derecha sostiene la Manzana del Paraíso y el Niño está sentado sobre su pierna izquierda. La luna de sus pies y la corona aureolada con rayos solares y estrellas que porta alegorizan la Asunción.

Para organizar estas peregrinaciones y para solicitar el oportuno permiso al obispo de Astorga, trasladando la petición de cualquiera de los pueblos, existe la Pía Asociación de Procuradores de La Virgen de Castrotierra, conocida como Hermandad de los Procuradores de la Tierra, formada por representantes de los doce pueblos de la jurisdicción de Astorga,  ocho de los cuales tienen la consideración de “cuartos”, San Justo de la Vega, San Román, Sopeña, Brimeda, Valdeviejas, Murias de Rechivaldo, Castrillo de los Polvazares y Santa Catalina de Somoza, y como tales “cuartos”, reunidos en concejo, nombran cada uno su procurador vitalicio por mayoría de votos, mientras que los otros cuatro pueblos, con consideración de “alfoces”, Nistal, Celada, Piedralba y Bustos, nombran un pedáneo cada uno, que asiste como observador a las asambleas de procuradores.

Una vez votada la salida de la Virgen por la asamblea de procuradores, se convoca a los pueblos para que acudan “por lo menos con la mitad de sus vecinos”, con su cruz y su pendón.

Así pues, señalado el día de salida por los procuradores, los pueblos interesados se van acercando al Castro con las respectivas insignias: pendón y cruz parroquial, siendo los pueblos cercanos geográficamente a la Ermita quienes acudan en procesión portando pendón, cruz y la imagen de la Virgen patrona de los respectivos pueblos, en un acto de despedida a la Virgen de Castrotierra. Cuando regrese al Castro, estas mismas imágenes volverán a recibirla en idénticas condiciones. Los pueblos que acuden en procesión son: Villalís de la Valduerna, Posada, Villamontán, Miñambres, Redelga, Rivas, Valle, Castrotierra, Fresno de la Valduerna, Robledino y Robledo (cito todos los nombres de los pueblos porque me parece que los nombres de los pueblos de España son hermosísimos).

Celebrada la Santa Misa, la comitiva parte hacia Astorga.

La procesión tiene tres bloques, el primero formado por los pendones en rigurosos orden, comenzando por el de Santa Marina del Rey y finalizando por el Castrotierra, que avanzan ondeando sus paños a lo largo del polvoriento camino. Los pendones tienen entre 10 y 12 metros de vara, lo que hace harto difícil el arte de pujarlos. Cada pendón es atendido por 15 o 20 personas, lo que explica a las claras la dificultad para llevarlo tantos kilómetros, siempre derecho, ya que no hay cosa más vergonzosa para el pueblo que ver caer a tierra su pendón.

Un segundo bloque se forma con las cruces parroquiales y el tercero lo constituye la Virgen y sus acompañantes.

La entrada en Astorga es espectacular, entre el clamor del público que se agolpa en calles y balcones y, a las puertas de la catedral, el Cabildo Catedralicio recibe a la Virgen y la introduce en la catedral para su permanencia de nueve días.

Durante el novenario se suceden diferentes actos religiosos en honor a la Virgen del Castro, cuyos mantos son custodiados por las monjas del convento de Santa Clara.

Pero en este año del Señor de 2014 la procesión de la Virgen del Castro decidida por los Procuradores de la Tierra no tiene su causa en una sequía o en el periodo de siete años estipulado desde hace tantos siglos.

La Pía Asociación de Procuradores de La Virgen de Castrotierra, la Hermandad de Procuradores de la Tierra, ha decidido solicitar al obispo de Astorga, dada la devoción a su Virgen del Castro de los habitantes de sus pueblos y la gran importancia que para todos ellos tiene esta imagen de la Madre de Dios, que sea coronada canónicamente el próximo sábado 20 de septiembre.

Para ello han encargado a un orfebre la realización de una corona imperial con aureola realizada en plata de ley dorada y en su color, de estilo barroco ecléctico, compuesta también por piedras de cristal checo en verde y rojo, colores tradicionales de las coronas de la diócesis, talla cabujón y brillante.

La aureola está inspirada en la antigua corona que desapareció hace 38 años y, en este caso, se ha realizado de tal manera que pueda ser desmontada y reparada en caso necesario. La pieza cuenta con una inscripción: “Los procuradores de la tierra y sus juntas vecinales donan esta corona a Nuestra Señora del Castro. Astorga 2014”.

Los procuradores de la tierra asumen el coste de la corona. Castrillo de los Polvazares, Murias de Rechivaldo, Valdeviejas, Brimeda, Sopeña-Carneros, San Justo de la Vega, San Román de la Vega, Celada, Nistal y Piedralba son los diez pueblos que han unido sus fuerzas y sus recursos para que la Virgen pueda lucir esta nueva corona.

La Tradición está viva. Como tantas veces repetimos, el tradicionalismo no consiste en adorar las cenizas, como pretenden los que quieren encerrarnos en los museos o convertirnos en atracciones turísticas, consiste en trasmitir la llama ardiente y luminosa que recibimos de nuestros antepasados.

Tras siglos de lucha contra el modernismo deshumanizador, después de sufrir los robos de las desamortizaciones y de ser asolados por la avaricia sin límites de los modernos y sangrantes impuestos centralistas, el gobierno sigue legislando sin piedad ni descanso contra los últimos reductos de libertad y verdadera democracia, como nuestros concejos, pedanías y juntas vecinales. En definitiva contra nuestros Fueros, con los que los verdaderos reyes protegían a sus súbditos de los posibles abusos de nobles y señores.

Ayer, hoy y siempre, los boinas rojas por Dios, la Patria, los Fueros y el Rey legítimo.

Doctrina política clara y católica

…Sabéis muy bien, Venerables Hermanos, que en nuestro tiempo hay no pocos que, aplicando a la sociedad civil el impío y absurdo principio llamado del naturalismo, se atreven a enseñar "que la perfección de los gobiernos y el progreso civil exigen imperiosamente que la sociedad humana se constituya y se gobierne sin preocuparse para nada de la religión, como si esta no existiera, o, por lo menos, sin hacer distinción alguna entre la verdadera religión y las falsas". Y, contra la doctrina de la Sagrada Escritura, de la Iglesia y de los Santos Padres, no dudan en afirmar que "la mejor forma de gobierno es aquella en la que no se reconozca al poder civil la obligación de castigar, mediante determinadas penas, a los violadores de la religión católica, sino en cuanto la paz pública lo exija". Y con esta idea de la gobernación social, absolutamente falsa, no dudan en consagrar aquella opinión errónea, en extremo perniciosa a la Iglesia católica y a la salud de las almas, llamada por Gregorio XVI, Nuestro Predecesor, de f. m., locura, esto es, que "la libertad de conciencias y de cultos es un derecho propio de cada hombre, que todo Estado bien constituido debe proclamar y garantizar como ley fundamental, y que los ciudadanos tienen derecho a la plena libertad de manifestar sus ideas con la máxima publicidad -ya de palabra, ya por escrito, ya en otro modo cualquiera-, sin que autoridad civil ni eclesiástica alguna puedan reprimirla en ninguna forma". Al sostener afirmación tan temeraria no piensan ni consideran que con ello predican la libertad de perdición, y que, si se da plena libertad para la disputa de los hombres, nunca faltará quien se atreva a resistir a la Verdad, confiado en la locuacidad de la sabiduría humana pero Nuestro Señor Jesucristo mismo enseña cómo la fe y la prudencia cristiana han de evitar esta vanidad tan dañosa.

 

Y como, cuando en la sociedad civil es desterrada la religión y aún repudiada la doctrina y autoridad de la misma revelación, también se oscurece y aun se pierde la verdadera idea de la justicia y del derecho, en cuyo lugar triunfan la fuerza y la violencia, claramente se ve por qué ciertos hombres, despreciando en absoluto y dejando a un lado los principios más firmes de la sana razón, se atreven a proclamar que “la voluntad del pueblo manifestada por la llamada opinión pública o de otro modo, constituye una suprema ley, libre de todo derecho divino o humano; y que en el orden político los hechos consumados, por lo mismo que son consumados, tienen ya valor de derecho”. Pero ¿quién no ve y no siente claramente que una sociedad, sustraída a las leyes de la religión y de la verdadera justicia, no puede tener otro ideal que acumular riquezas, ni seguir más ley, en todos sus actos, que un insaciable deseo de satisfacer la indómita concupiscencia del espíritu sirviendo tan solo a sus propios placeres e intereses? Por ello, esos hombres, con odio verdaderamente cruel, persiguen a las Órdenes Religiosas, tan beneméritas de la sociedad cristiana, civil y aun literaria, y gritan blasfemos que aquellas no tienen razón alguna de existir, haciéndose así eco de los errores de los herejes. Como sabiamente lo enseñó Nuestro Predecesor, de v. m., Pío VI, “la abolición de las Órdenes Religiosas hiere al estado de la profesión pública de seguir los consejos evangélicos; hiere a una manera de vivir recomendada por la Iglesia como conforme a la doctrina apostólica; finalmente, ofende aun a los preclaros fundadores, que las establecieron inspirados por Dios”. Llevan su impiedad a proclamar que se debe quitar a la Iglesia y a los fieles la facultad de “hacer limosna en público, por motivos de cristiana caridad”, y que debe “abolirse la ley prohibitiva, en determinados días, de las obras serviles, para dar culto a Dios”: con suma falacia pretenden que aquella facultad y esta ley “se hallan en oposición a los postulados de una verdadera economía política”. Y, no contentos con que la religión sea alejada de la sociedad, quieren también arrancarla de la misma vida familiar.

Apoyándose en el funestísimo error del comunismo y socialismo, aseguran que “la sociedad doméstica debe toda su razón de ser sólo al derecho civil y que, por lo tanto, sólo de la ley civil se derivan y dependen todos los derechos de los padres sobre los hijos y, sobre todo, del derecho de la instrucción y de la educación”. Con esas máximas tan impías como sus tentativas, no intentan esos hombres tan falaces sino sustraer, por completo, a la saludable doctrina e influencia de la Iglesia la instrucción y educación de la juventud, para así inficionar y depravar míseramente las tiernas e inconstantes almas de los jóvenes con los errores más perniciosos y con toda clase de vicios. En efecto; todos cuantos maquinaban perturbar la Iglesia o el Estado, destruir el recto orden de la sociedad, y así suprimir todos los derechos divinos y humanos, siempre hicieron converger todos sus criminales proyectos, actividad y esfuerzo -como ya más arriba dijimos- a engañar y pervertir la inexperta juventud, colocando todas sus esperanzas en la corrupción de la misma. Esta es la razón por qué el clero -el secular y el regular-, a pesar de los encendidos elogios que uno y otro han merecido en todos los tiempos, como lo atestiguan los más antiguos documentos históricos, así en el orden religioso como en el civil y literario, es objeto de sus más nefandas persecuciones; y andan diciendo que ese Clero “por ser enemigo de la verdad, de la ciencia y del progreso debe ser apartado de toda injerencia en la instrucción de la juventud”.

Otros, en cambio, renovando los errores, tantas veces condenados, de los protestantes, se atreven a decir, con desvergüenza suma, que la suprema autoridad de la Iglesia y de esta Apostólica Sede, que le otorgó Nuestro Señor Jesucristo, depende en absoluto de la autoridad civil; niegan a la misma Sede Apostólica y a la Iglesia todos los derechos que tienen en las cosas que se refieren al orden exterior. Ni se avergüenzan al afirmar que “las leyes de la Iglesia no obligan en conciencia, sino se promulgan por la autoridad civil; que los documentos y los decretos de los Romanos Pontífices, aun los tocantes de la Iglesia, necesitan de la sanción y aprobación -o por lo menos del asentimiento- del poder civil; que las Constituciones Apostólicas -por las que se condenan las sociedades clandestinas o aquellas en las que se exige el juramento de mantener el secreto, y en las cuales se excomulgan sus adeptos y fautores- no tienen fuerza alguna en aquellos países donde viven toleradas por la autoridad civil; que la excomunión lanzada por el Concilio de Trento y por los Romanos Pontífices contra los invasores y usurpadores de los derechos y bienes de la Iglesia, se apoya en una confusión del orden espiritual con el civil y político, y que no tiene otra finalidad que promover intereses mundanos; que la Iglesia nada debe mandar que obligue a las conciencias de los fieles en orden al uso de las cosas temporales; que la Iglesia no tiene derecho a castigar con penas temporales a los que violan sus leyes; que es conforme a la Sagrada Teología y a los principios del Derecho Público que la propiedad de los bienes poseídos por las Iglesias, Órdenes Religiosas y otros lugares piadosos, ha de atribuirse y vindicarse para la autoridad civil”. No se avergüenzan de confesar abierta y públicamente el herético principio, del que nacen tan perversos errores y opiniones, esto es, “que la potestad de la Iglesia no es por derecho divino distinta e independientemente del poder civil, y que tal distinción e independencia no se pueden guardar sin que sean invadidos y usurpados por la Iglesia los derechos esenciales del poder civil”. Ni podemos pasar en silencio la audacia de quienes, no pudiendo tolerar los principios de la sana doctrina, pretenden “que a las sentencias y decretos de la Sede Apostólica, que tienen por objeto el bien general de la Iglesia, y sus derechos y su disciplina, mientras no toquen a los dogmas de la fe y de las costumbres, se les puede negar asentimiento y obediencia, sin pecado y sin ningún quebranto de la profesión de católico”. Esta pretensión es tan contraria al dogma católico de la plena potestad divinamente dada por el mismo Cristo Nuestro Señor al Romano Pontífice para apacentar, regir y gobernar la Iglesia, que no hay quien no lo vea y entienda clara y abiertamente.

En medio de esta tan grande perversidad de opiniones depravadas, Nos, con plena conciencia de Nuestra misión apostólica, y con gran solicitud por la religión, por la sana doctrina y por la salud de las almas a Nos divinamente confiadas, así como aun por el mismo bien de la humana sociedad, hemos juzgado necesario levantar de nuevo Nuestra voz apostólica. Por lo tanto, todas y cada una de las perversas opiniones y doctrinas determinadamente especificadas en esta Carta, con Nuestra autoridad apostólica las reprobamos, proscribimos y condenamos; y queremos y mandamos que todas ellas sean tenidas por los hijos de la Iglesia como reprobadas, proscritas y condenadas.

Aparte de esto, bien sabéis, Venerables Hermanos, como hoy esos enemigos de toda verdad y de toda justicia, adversarios encarnizados de nuestra santísima Religión, por medio de venenosos libros, libelos y periódicos, esparcidos por todo el mundo, engañan a los pueblos, mienten maliciosos y propagan otras doctrinas impías, de las más variadas.

No ignoráis que también se encuentran en nuestros tiempos quienes, movidos por el espíritu de Satanás e incitados por él, llegan a tal impiedad que no temen atacar al mismo Rey Señor Nuestro Jesucristo, negando su divinidad con criminal procacidad. Y ahora no podemos menos de alabaros, Venerables Hermanos, con las mejores y más merecidas palabras, pues con apostólico celo nunca habéis dejado de elevar nuestra voz episcopal contra impiedad tan grande.

Así, pues, con esta Nuestra carta de nuevo os hablamos a vosotros que, llamados a participar de Nuestra solicitud pastoral, Nos servís -en medio de Nuestros grandes dolores- de consuelo, alegría y ánimo, por la excelsa religiosidad y piedad que os distinguen, así como por el admirable amor, fidelidad y devoción con que, en unión íntima y cordial con Nos y esta Sede Apostólica, os consagráis a llevar la pesada carga de vuestro gravísimo ministerio episcopal. En verdad que de vuestro excelente celo pastoral esperamos que, empuñando la espada del espíritu -la palabra de Dios- y confortados con la gracia de Nuestro Señor Jesucristo, redobléis vuestros esfuerzos y cada día trabajéis más aún para que todos los fieles confiados a vuestro cuidado se abstengan de las malas hierbas, que Jesucristo no cultiva porque no son plantación del Padre. Y no dejéis de inculcar siempre a los mismos fieles que toda la verdadera felicidad humana proviene de nuestra augusta religión y de su doctrina y ejercicio; que es feliz aquel pueblo, cuyo Señor es su Dios. Enseñad que los reinos subsisten apoyados en el fundamento de la fe católica, y que nada hay tan mortífero y tan cercano al precipicio, tan expuesto a todos los peligros, como pensar que, al bastarnos el libre albedrío recibido al nacer, por ello ya nada más hemos de pedir a Dios: esto es, olvidarnos de nuestro Creador y abjurar su poderío, para así mostrarnos plenamente libres. Tampoco omitáis el enseñar que la potestad real no se dio solamente para gobierno del mundo, sino también y sobre todo para la defensa de la Iglesia; y que nada hay que pueda dar mayor provecho y gloria a los reyes y príncipes como dejar que la Iglesia católica ponga en práctica sus propias leyes y no permitir que nadie se oponga a su libertad, según enseñaba otro sapientísimo y fortísimo Predecesor Nuestro, San Félix cuando inculcaba al emperador Zenón... Pues cierto es que le será de gran provecho el que, cuando se trata de la causa de Dios conforme a su santa Ley, se afanen los reyes no por anteponer, sino por posponer su regia voluntad a los Sacerdotes de Jesucristo…

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 8 de diciembre 1864, año décimo después de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción de la Virgen Madre de Dios, año décimonono de Nuestro Pontificado.

P.P. PÍO IX

La unidad religiosa, encrucijada de la Teología y la Política

Hoy me permito presentar un pequeño experimento, por el que espero sepan perdonarme los puristas.

Se trata de un artículo publicado en la revista Verbo en 1989 por Don Rafael Gambra, con ocasión de tres efemérides de aquel año, el décimo cuarto centenario del III Concilio de Toledo, origen de nuestra unidad religiosa y nacional, el 2º centenario de la Revolución Francesa y el vigésimo quinto aniversario del Concilio Vaticano II.

El experimento consiste en “actualizar” el artículo, para lo cual solamente me he permitido extraer lo fundamental de lo expuesto, esquematizar algo el formato y sumar 25 años a los cómputos de tiempo.

El resultado es un análisis de la situación absolutamente actual, y un resumen perfecto del pensamiento político y religioso, dado que son aspectos inseparables, que comparto por completo:

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En el III Concilio de Toledo el rey godo Recaredo abjura del arrianismo para abrazar, junto con los obispos y magnates a él asistentes, la fe católica.

Pueblos y culturas diferentes se funden allí sobre cimientos religiosos firmes creando de este modo la comunidad histórica que durante mil cuatrocientos veinticinco años se ha llamado España.

A él se debió, ante todo, el efecto sobrenatural de la salvación de innúmeras almas arropadas en su fe por un ambiente religioso sin fisuras, pero también cuantiosas repercusiones, tanto nacionales como universales. Dentro de nuestra patria, el que ésta viviera durante tres siglos en paz interior, ajena a las luchas religiosas que asolaban a Europa y libre de las tensiones familiares y educativas que nacen de una pluralidad de confesiones.

En un ámbito universal, ella permitió una reconquista de nuestro suelo frente al Islam que conservará su sentido y empuje durante ocho siglos hasta una victoria final que salvaría para la Cristiandad los límites de Europa. Ella hizo posible la conquista y civilización de América que, católica por la fe unánime de sus protagonistas, se incorporará así a la Cristiandad occidental. Ella sostendrá en Europa la lucha contra la herejía, por cuya virtud Francia y Bélgica son hoy básicamente católicas. La lucha, asimismo, contra el turco, detenido en el sitio de Viena y en Lepanto por obra, en gran medida, de las armas españolas, salvando así a Europa y a América de ser hoy musulmanas. Ella inspiró al propio tiempo la gran reforma tridentina, de cuyos beneficios ha vivido la Iglesia hasta nuestra época.

A lo largo de la historia, los españoles tuvimos a honra la preservación de esa unidad religiosa católica desde la alta Edad Media hasta la época actual. Así se mantuvo, en efecto, hasta la vigente Constitución laica de 1978, con la sola excepción de los cinco años de la II República.

Incluso las Constituciones liberales del siglo pasado, por más que afirmasen como origen del poder el propio pacto constitucional, incluían en el mismo la unidad religiosa y la confesionalidad católica del Estado como puntos primordiales de esa convención. Es decir, él rey y las leyes reconocieron siempre a la religión católica como religión oficial, y los cultos públicos, la enseñanza y las costumbres se regularon dentro de los supuestos básicos de la fe católica.

A quienes afirmamos hoy que es moralmente obligatorio y prácticamente necesario tratar de restablecer en España la confesionalidad del Estado y la unidad católica, se nos suelen oponer tres objeciones aparentemente de peso:

1.    La primera es de carácter a la vez teológico y psicológico, y tiene su origen remoto en el nominalismo ockhamista y en el protestantismo: ¿Por qué la Iglesia defendió siempre como necesaria la confesionalidad del Estado y valoró sobre toda otra situación la unidad religiosa de un pueblo? ¿Por qué se opuso en todo tiempo a la libertad religiosa en el fuero externo (libertad civil) y a la laicidad del Estado? Si la fe es una virtud teologal, infusa en cada alma, y la profesión religiosa es lo más íntimo o personal del hombre, ¿por qué no ha de disponer éste de la más absoluta libertad de conciencia, de práctica y de expresión religiosas? ¿Por qué no admitir una completa independencia entre el orden civil y el religioso, entre el Estado y la Iglesia?

2.    La segunda objeción es de carácter fáctico, existencial o histórico: De hecho la unidad religiosa no existe ya en la sociedad, ni siquiera en España, donde una gran parte de la población es ajena a la práctica del catolicismo, sea por indiferencia o descreimiento, sea por adhesión al marxismo ateo, sea por la propaganda reciente de otras religiones. Tan utópico como implantar la unidad católica en Japón sería implantarla hoy en cualquier latitud del planeta.

3.    La tercera objeción se basa en un argumento de autoridad eclesiástica: la propia Iglesia, en la Declaración Dignitatis humarme del Concilio Vaticano II, ha decretado la libertad religiosa en el fuero externo de las conciencias y presionado sobre los gobiernos católicos para que la establezcan legalmente.

 

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Para responder a estas objeciones parece necesario aclarar previamente lo que entendemos por unidad religiosa. La unidad religiosa y la confesionalidad del Estado no suponen imponer a nadie una fe religiosa (lo que es moralmente ilícito y físicamente imposible), ni menos aún, su práctica. Ni siquiera prohibir el culto privado - o público localizado - de otras religiones. Supone, sí, que las leyes se atengan a una moral inmutable cuyo cimiento religioso se basará, en último término, en los Mandamientos de la Ley de Dios. Y que el Estado profesará y protegerá la religión católica como única verdadera y exteriorizable públicamente.

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Aclarado esto, nos cumple responder a aquellas tres objeciones.

Diremos a la primera: El primer y fundamental de los Mandamientos que obligan al hombre es el de amar a Dios sobre todas las cosas, y esto le obliga, tanto en el plano individual, como en el colectivo o social. Porque el hombre es social por naturaleza, y no cabe distinguir una naturaleza individual sujeta al deber religioso y otra social exenta de tal vínculo, es decir, religiosamente neutra. El cristiano debe formar una sociedad cristiana, con leyes, instituciones y costumbres inspiradas en su fe o, al menos, no hostiles a ella. Y lo mismo que en el plano personal tiene el cristiano obligación de preservar su fe, de no exponerla a peligros, así también asiste al gobernante católico el deber de preservar la fe ambiental, de promover las condiciones idóneas para su mantenimiento y expansión.

Al igual que el hombre no puede subsistir físicamente en estado de aislamiento, sin ayuda de la sociedad, así tampoco la fe y la virtud pueden conservarse ambientalmente sin el apoyo de un medio adecuado que está formado por la estructura familiar, las costumbres y las instituciones cristianas.

La expansión del cristianismo en sus primeros siglos frente al Imperio romano y frente a las propias pasiones humanas tuvo un cierto carácter milagroso, como lo tuvieron las súbitas conversiones de los pueblos bárbaros. Pero no pueden pedirse milagros cuando está en la mano - y en el deber - de los hombres preservar y ampliar el patrimonio de fe que han heredado de sus padres. Para Platón, la ciudad (la polis) es, ante todo, un sistema de adecuación (paideia), y no cabe una trasmisión moral sin una previa comunión religiosa.

Si este deber de formar sociedad religiosa fuera susceptible de más o de menos, reconoceríamos un caso cumbre en la génesis de nuestra propia patria, nacida de los reductos primeros de la Reconquista, cuyo factor diferencial fue precisamente el cristianismo, como religioso fue el sentido de su lucha.

Pero esto, además de un deber religioso, es para el hombre una necesidad práctica en el orden político: si la vida social y las leyes dejan de apoyarse en unos principios trascendentes para convertirse en opinión y sufragio, todo queda sometido a discusión, y el desorden moral y civil crece hasta hacerse incontenible. Como acaeció a los romanos en su última decadencia, llega el momento en que la sociedad no soporta ni sus males ni sus remedios.

No puede subsistir, en efecto, un gobierno estable que no se asiente en lo que se ha llamado una «ortodoxia pública», es decir, un punto de referencia que permita apelar a criterios superiores de autoridad y obligatoriedad, base de las instituciones, las leyes y las sentencias. Y un consenso ambiental - más o menos consciente - sobre las normas de conducta y los valores vigentes en esa sociedad, normas que van más allá de la mera voluntad humana o de la utilidad pública. Al igual que toda civilización histórica se ha formado siempre en torno a una vivencia religiosa (piénsese en la Cristiandad o en el Islam), el gobierno de los hombres ha de poseer una referencia última a ese cimiento religioso o sacral. Cuando éste falta o se niega - como en la democracia moderna - se cae en el puro positivismo jurídico, y se vive de lo que quede de fe ambiental en las conciencias, en las familias y en las costumbres. Cuando nada queda ya, todo se hace incierto y discutible, y la sociedad se desmorona.

La pérdida de la unidad religiosa es el origen de la actual disolución - más o menos rápida - de las nacionalidades y civilizaciones. La democracia moderna es el régimen nacido de la Revolución Francesa. En él se elimina del mundo moral y político cuanto trascienda al hombre mismo: ya no existirán principios superiores ni imperativos de validez absoluta; todo será relativo al hombre y a las mayorías, meras opiniones computables en el sufragio y cambiantes por su misma naturaleza. La Revolución va a representar en el orden político lo que el pecado original supuso para la naturaleza humana.

Los revolucionarios de París rechazan el fundamento religioso de la sociedad y adoran a la diosa Razón en figura de una prostituta encaramada en el altar de la catedral de París. La Convención establecerá que la sociedad es un mero acuerdo entre los hombres que se regirá por la Voluntad General sin referencia alguna religiosa. Tal es el sentido de la Convención (contrato) o Constitución.

El antiguo régimen cristiano es simbólicamente guillotinado en la persona del rey y del clero y la nobleza que lo representaban. El genocidio se extenderá bajo el Terror a todo sospechoso de fidelidad a la fe o a la monarquía. Se fundaba así el nuevo Estado laico, liberal y democrático: la sociedad nueva basada en la voluntad humana y no en la ley de Dios. La Revolución francesa se universaliza merced a la expansión napoleónica y a las sociedades secretas («sociedades de pensamiento») de corte masónico.

Este régimen «de opinión», antropocéntrico y relativista, excluye de la política al cristiano consciente. Sólo podrá participar en ella desde partidos de oposición, no ya al gobierno, sino al sistema mismo; es decir, desde partidos marginales de carácter meramente testimonial. Porque, por principio, el católico no puede admitir la Voluntad General como fuente de la ley y de poder.

En rigor, excluye también al hombre mismo, a todo hombre sinceramente interesado en la labor política al destruir la consistencia misma de esa labor.

¿Quién edificará con fe y empeño si sabe que construye sobre arena movediza, que cuanto afirme o establezca no poseerá más vigencia y validez que la opinión mudable de las mayorías? El régimen de partidos o de opinión elimina en la política el sentido de la acción al negar objetivos y referencias válidas por sí mismas, y elimina la estabilidad o consistencia que toda obra humana requiere, al menos en su intención. La política deja así de ser empresa humana para convertirse en juego de partidos y profesión de políticos.

Cuando se establece la democracia moderna como sistema y se acepta la «libertad religiosa» (y el consecuente laicismo de Estado), resulta ya imposible mandar ni prohibir cosa alguna.

¿En nombre de qué se preservará en una tal sociedad el matrimonio monógamo e indisoluble? ¿Bajo qué título se prohibirá el aborto, la eutanasia o el suicidio? ¿Qué se podrá oponer al nudismo, a la objeción de conciencia militar, a las drogas o a la promiscuidad de las comunas? Bastará con que el afectado por el mandato o la prohibición apele a una religión cualquiera – incluso inventada o individual - que autorice tal práctica o la prohíba. ¿Qué límite podrá poner d Estado a esa libertad religiosa si se la supone basada en «el derecho de la persona»? Quien desee divorciarse o vivir en poligamia no tendrá sino declararse adepto a múltiples religiones orientales o al Islam o a los mormones. Quien desee practicar la eutanasia o inducir al suicidio, podrá declararse sintoísta. El que quiera practicar el nudismo público alegará su adscripción a la religión de los bantúes, y los objetores al servido militar buscarán su apoyo en los Testigos de Jehová. En fin, los que vivan en promiscuidad o se droguen hallarán un recurso en los antiguos cultos dionisíacos o báquicos.

La inviabilidad última de cualquier gobierno humano (que no recurra a la arbitrariedad y la fuerza) se hace así patente. La llamada «libertad religiosa» es, por su misma esencia, la muerte de toda autoridad y gobierno.

Mientras esto llega - y está a la vista en el horizonte histórico - la religión verdadera pierde rápidamente audiencia al verse privada del apoyo de las leyes y las costumbres, al ser relegada a la condición de una opción entre mil y enfrentada al estallido de las pasiones. Y otras religiones - sobre todo las ocultistas e hinduistas - ocupan en el corazón de los hombres el puesto que ha dejado, por su propia abdicación, la religión de sus padres y de su civilización.

De donde se deduce que ni una religiosidad ambiental o popular puede subsistir sin el apoyo de una sociedad religiosamente constituida, ni el poder público puede ejercerse con autoridad y estabilidad si se prescinde de una instancia superior – religiosa - de común aceptación.

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La segunda objeción se refería, como dijimos, a la imposibilidad de restablecer la unidad religiosa en España porque, de hecho, esta unidad se ha perdido en la sociedad contemporánea y sobre una sociedad «plural» no se puede gobernar confesionalmente.

A ello cabe responder: cuando decimos que el pueblo español sigue siendo, no sólo histórica, sino básica y visceralmente católico, no ignoramos el gran proceso de descristianización que ha sufrido de un siglo a esta parte, ni cómo ese proceso se ve hoy intensamente reforzado. No obstante lo cual:

a)    Ninguna otra religión se ha afianzado en nuestra patria desde tiempos de Recaredo ni ha obtenido más que adhesiones muy localizadas y pasajeras. Tampoco ha brotado de nuestro suelo ninguna otra religión ni aun herejía, por más que algunas de éstas hayan encontrado cierto eco.

b)    Si en una hipótesis, un inmenso cataclismo (un terremoto generalizado o una guerra atómica, como ejemplos) se abatiera sobre nuestro suelo, el 80 % de sus habitantes recurriría al Cielo bajo los nombres de Cristo y de su Santísima Madre. Y el 20 % restante lo haría cuando el peligro fuera para ellos inminente. Nadie, por supuesto, invocaría a otro Dios ni bajo otros nombres, y casi ninguno moriría conscientemente sin esa invocación. Por más que esta reacción respondiera en muchos casos al miedo, no deja por eso de revelar la mentalidad religiosa profunda de la casi totalidad de la población.

Caso distinto sería si estos hechos no fueran ciertos y coexistieran entre nosotros varias confesiones, como sucede en otros países. En tal caso la prudencia política del gobernante exigiría una libertad religiosa dentro de los límites en que esas confesiones convengan entre sí, pero nunca una completa laicidad del Estado.

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La tercera objeción, en fin, esgrimía la autoridad del Concilio Vaticano II que, en su Declaración Dignitatis humanae, parece consagrar como derecho humano jurídicamente respetable la libertad religiosa y el consiguiente «pluralismo político».

Las ideas liberales y democráticas de la Revolución francesa prendieron a mitad del siglo pasado en sectores intelectuales y del clero en el seno de la propia Iglesia. Es el movimiento llamado «modernismo» o catolicismo liberal que culminará en la obra de J, Maritain, para quien la verdadera cristiandad debe ser un orden laico sin otra impregnación religiosa que la proveniente de la actuación personal de sus miembros. Estos movimientos laicizadores fueron reprimidos por la Iglesia en su versión modernista hasta el Concilio Vaticano II.

En éste triunfa la fracción liberal-modernista y se decreta la llamada «libertad religiosa»: la equiparación civil de todas las religiones como asunto privado ante la ley neutralista del Estado laico. A partir de este momento la jerarquía eclesiástica toma sus distancias respecto a los Estados católicos, o, más bien, procura su desaparición.

Al propio tiempo un vago humanismo o culto al hombre se entremezcla con un cada vez más diluido culto a Dios, determinando un rápido declive en la fe ambiental y en las instituciones eclesiásticas.

A esa declaración conciliar Dignitatis humanae cabe replicar: es cierto que ese documento establece más o menos oscuramente la libertad religiosa en el fuero externo a las conciencias, y también que el sector progresista dominante hoy en la Iglesia lo ha utilizado para procurar el desmantelamiento de la unidad católica y de la confesionalidad del Estado en los países en que existían.

Sin embargo, ese concilio se declaró a sí mismo como meramente «pastoral» y «no dogmático». Y su doctrina se opone en este punto a la de todos los concilios anteriores (éstos, sí, dogmáticos) y a todas las encíclicas papales (algunas también dogmáticas).

La decisión no ofrece duda. Basta hacer un cotejo entre la declaración Dignitatis humanae y la encíclica Quanta cura de Pío IX, para apreciar sin ningún género de duda que lo que la una decreta coincide casi en los mismos términos con lo que la otra condena.

Por otra parte, una declaración es el rango menor entre las disposiciones de que consta el Concilio. Cabe interpretarla como una mera directiva circunstancial, táctica de «pastoral», que, como toda táctica, ha de probar en la práctica su eficacia y validez.

No faltan autores para quienes la formación de un criterio en esta materia no requiere llegar a esos extremos, ya que bastaría una recta interpretación del texto conciliar para ponerlo de acuerdo con la doctrina anterior. Una y mil veces nos dicen estos autores que no hemos entendido el sentido y el alcance verdaderos de esa declaración. De Roma ha venido reiteradamente la incitación a que sea interpretada «de acuerdo con la tradición». Muchos autores católicos derrochan prodigios de ingenio para hallarle un sentido en consonancia con la secular doctrina anterior.

Mientras tanto, otros, los progresistas que redactaron la declaración y que la aplican, han destruido en su nombre cuanto quedaba en el mundo de unidad católica y de confesionalidad en los Estados.

A todo esto, dicho texto conciliar cumple ahora 50 años. Si durante medio siglo multitud de personas medianamente cultas no han alcanzado a encontrarle un sentido compatible con la tradición, si son múltiples las interpretaciones vigentes, ¿podrá alguien dudar de que ese texto es, cuando menos, confuso o ambiguo, carente de la claridad y precisión que su importancia requeriría, a la que tiene derecho él pueblo fiel a quien va dirigido? Reiterar una y mil veces que no lo hemos entendido constituye, al cabo de 50 años, una ofensa contra la inteligencia más elemental de una extensa parte del pueblo fiel. En tal caso, ¿no entrará en las obligaciones de la autoridad el redactarlo de nuevo, precisarlo, rectificarlo si es necesario?

Pero la triste y descarnada verdad es que el texto es suficientemente claro, no reviste oscuridad ni se presta más que a una interpretación. Sólo que esa interpretación obvia es inconciliable con la doctrina anterior; es su contradicción literal, más aún si se relaciona con la Constitución conciliar Gaudium et spes, que es su filosofía.

Cabe también juzgar esa declaración por sus efectos, aplicándole la norma de juicio que el mismo Cristo nos enseñó: por sus frutos tos conoceréis. Y ello con la perspectiva indiscutible que nos ofrece ya medio siglo de su aplicación. Y esos efectos son ruinas de ruinas por doquier. No hay dogma, ni norma, ni costumbre de la Iglesia que se haya visto discutido y contestado. El catolicismo ha retrocedido en su ámbito más que lo que retrocedió en las más crueles invasiones de la historia. Compárese la situación moral y religiosa actual de cualquier parroquia, de las órdenes religiosas, de las familias, de los pueblos... con la de hace cincuenta años y la impresión resultará desoladora. Y más acusadamente en los países y regiones donde la influencia de la Iglesia era mayor.


El día - si llega - en que el hombre occidental emprenda su camino de Damasco, es decir, en que, desengañado de la Ciudad del Hombre, busque de nuevo la Ciudad de Dios, habrá de recorrer en sentido inverso y rectificándolas tanto las consecuencias de la Revolución Francesa como las del Concilio Vaticano II.

Ante todo, retornando la Iglesia a la doctrina política que siempre mantuvo: la necesidad de que la vida del hombre - tanto individual como colectiva - se funde en principios religiosos, en la Ley de Dios.

En segundo término, abjurando del racionalismo ateo de la Revolución y abrazando aquello que para España representó el III Concilio de Toledo: la fundamentación del hombre y de la sociedad humana bajo el dulce yugo de la ley divina.


Haga Dios que los terribles acontecimientos que se prodigan en estos tiempos, sirvan a la humanidad - y ante todo a la Iglesia – como punto de reflexión para rectificar los caminos torcidos y reencontrar la luz de la verdadera paz.