Hace algunos días expresé mi decisión provisional de no hacer comentarios sobre la situación política actual en España, dado lo confuso de los acontecimientos. Sin embargo, poco a poco la cadena de sucesos, decisiones y noticias empiezan a recordarme situaciones conocidas.
Me acerco a la sección de clásicos de mi biblioteca y retomo algunos volúmenes que no abría hace muchos años.
Aún recuerdo la impresión que me causó la lectura de “Los negocios del señor Julio César”, de Bertolt Brecht, la primera vez que lo leí. Primera premisa recuperada: las verdaderas razones de los acontecimientos suelen permanecer ocultas deliberadamente, y normalmente son de índole económico. En concreto deudas.
De repente abro el periódico y veo a un vicepresidente del gobierno al frente de sus tropas en Afganistán, a la ministra de defensa al frente de las suyas en el Líbano, mientras el presidente del gobierno, supuestamente, permanece protegido en su palacio, y un intrigante y conocido populista, presidente del congreso y por tanto tercera autoridad del estado, se olvida de su obligación de neutralidad, irrumpiendo de nuevo en la escena pública.
De nuevo pienso en Cayo Julio César. Todo me recuerda los momentos previos a la Guerra Civil de la República de Roma en el año 49 a.C. Un triunvirato, César, Pompeyo y Craso, el Senado jugando un papel fundamental, cada cual al frente de sus legiones…
¡Y de repente, el 7 de enero del 49 a.C., el Senado proclama el estado de emergencia! Pompeyo tiene plenos poderes y César está fuera de la ley. ¿Dónde estaba el presidente del gobierno cuando el ministro de la presidencia, Ramón Jáuregui Atondo, firmó el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, declarando el estado de alarma?
Decido revisar la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, en concreto el artículo 11: “Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados. Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción afectados por el apartado D del artículo cuarto.”
Mientras me preparo un café para serenar un poco el ánimo, sigo leyendo el periódico y vuelvo a pensar en las deudas.
Leo con estupor que la semana pasada España colocó 1.782,47 millones de euros en obligaciones a 10 años con un interés marginal del 5,485% (un 18% más que la anterior emisión), y 618,67 millones en obligaciones a 15 años con una rentabilidad del 5,968%, un 31% más. En total, el Tesoro Público ha adjudicado 2.401 millones de euros en obligaciones a 10 y 15 años, y ha subido el interés al mayor nivel desde 1997.
En resumidas cuentas, que todos los recortes presupuestarios, las congelaciones y bajadas de salarios, la eliminación de subsidios a desempleados… no servirán para nada cuando haya que hacer frente al pago de los intereses crecientes de la deuda.
Se me ocurre que sólo queda una salida posible. Aunque ahora lo llamen “rescate” o “intervención europea”, históricamente siempre lo hemos conocido como política de condonación de deudas. Curiosamente otro asunto en el que Julio César estuvo acusado de participar ¡la conjura de Catilina!
No resulta complicado identificar al populista émulo de Catilina en la escena española actual, aunque por supuesto adaptándolo a la mediocridad reinante en nuestros días. De lo que realmente dudo es de la posibilidad de encontrar un Cicerón.
Cicerón en sus Catilinarias acusaba a los conspiradores de pretender destruir la República y, curiosamente, al pasar la página del diario leo que la comisión constitucional del congreso aprobó el viernes la revisión global de la Ley Electoral.
Vuelvo a sumergirme entre las páginas del diario para saber en qué consiste esta reforma, preparada por una subcomisión presidida por Alfonso Guerra, y leo: “Entre las novedades figura la exclusión de los residentes en el extranjero en las elecciones locales, la posibilidad de voto en urna en consulados y embajadas para los emigrantes, la desactivación del papel clave de los tránsfugas en las mociones de censura municipales, la mejora del sistema de concejo abierto que rige para los pequeños municipios o el adelantamiento del censo válido para unas elecciones evitando empadronamientos de conveniencia…”.
Tendría mucho que decir sobre cada medida, pero… ¿el principal problema legal en el desencadenamiento de la Guerra Civil en Roma no fue la imposibilidad de presentarse a las elecciones “residiendo” en el “extranjero”? Ya sé que no es lo mismo, pero se parece peligrosamente a la crisis que acabó con la República de Roma y convirtió a César en dictador.
Otro motivo de crisis en el 49 a.C. fue la resistencia a abandonar los cargos, a fin de seguir disfrutando de impunidad y evitar los juicios, lo cual me hace pensar de nuevo en Catilina, perdón, quise decir en José Bono Martínez.
Claro que tal vez me estoy equivocando de periodo histórico o la situación es más confusa de lo que parece, ya que hace tiempo que un tirano nos gobierna desde su palacio. Un tirano que controla el parlamento, dónde su formación política ocupa la mayoría de los asientos, que controla a los jueces, que quita y pone a su antojo, y controla el gobierno que, hasta la fecha, se ha compuesto únicamente de incompetentes aduladores de su líder.
El reparto gratuito de trigo, los festines públicos, los gladiadores y el circo, ya los hemos vivido. Pero ahora hay cuatro millones y medio de desempleados y las arcas del estado están absolutamente vacías.
Cierro por hoy el periódico y los libros de historia y le dedico algún tiempo a mis asuntos, mientras me ronda en la cabeza la idea de retirar mis modestos ahorros de mi cuenta bancaria, guardarlos en los bolsillos de mi chaqueta y esperar a ver quién es el primero en decidirse a cruzar el Rubicón.
PS: Cada vez que me he referido a un palacio, me he referido al de la Moncloa, nunca al de la Zarzuela. Y eso que la ley confiere a su inquilino, entre otras prerrogativas, el mando supremo de las Fuerzas Armadas, (y que su firma antecedía a la del ministro de la presidencia en el Real Decreto declarando el estado de alarma). Curiosidades.
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