Bicentenarios funestos (I)

Quiero recoger el guante que lanza Barandán y, como muy bien dice él mismo, cerrar filas, en lo concerniente a este asunto de las Cortes y Constitución de Cádiz, ante la avalancha de desinformación que se avecina.

Como espero que el amigo Firmus et Rusticus se centre en “El Manifiesto de los Persas”, y Barandán es una fuente inagotable de interesantísimos documentos, cuya existencia desconocemos los mortales comunes y que gracias a él podemos incorporarlos a nuestro acervo, yo recurriré, al menos por el momento, a mi dilecto Dr. D. Marcelino Menéndez Pelayo y su “Historia de los Heterodoxos Españoles”. Para ir abriendo boca:

Que la Constitución del año 12 era tan impopular como quimérica, han de confesarlo hoy cuantos de buena fe estudien aquel período. Que el pueblo recibió con palmas su abolición, es asimismo indudable. Que nunca se presentó más favorable ocasión de consolidar en España un excelente o a lo menos tolerable sistema político, restaurando de un modo discreto lo mejor de las antiguas leyes, franquicias y libertades patrias, enmendando todo lo digno de reforma y aprovechando los positivos adelantos de otras naciones, tampoco lo negará quien considere que nunca anduvieron más estrechamente aliados que en 1814 Iglesia, trono y pueblo. Ningún monarca ha subido al trono castellano con mejores auspicios que Fernando VII a su vuelta de Valencey. El entusiasmo heroico de los mártires de la guerra de la Independencia había sublimado su nombre, dándole una resonancia como de héroe de epopeya, y Fernando VII no era para los españoles el príncipe apocado y vilísimo de las renuncias de Bayona y del cautiverio de Valencey, sino una bandera, un símbolo, por el cual se había sostenido una lucha de titanes, corroborada con los sangrientos lauros de Bailén y con los escombros de Zaragoza. Algo de la magnanimidad de los defensores parece como que se reflejaba en el príncipe objeto de ella, cual si ungiese y santificase su nombre el haber sido invocado por los moribundos defensores de la fe y de la patria. Las mismas reformas de las Cortes de Cádiz y el muy subido sabor democrático de la Constitución que ellas sancionaron contribuía a encender más y más en los ánimos del pueblo español la adhesión al prisionero monarca, cuya potestad veían sediciosamente hollada en su propia tierra, como si los enemigos del trono y del régimen antiguo hubieran querido aprovecharse arteramente del interregno producido por la cautividad del rey y por la invasión extraña. Del abstracto y metafísico fárrago de la Constitución, pocos se daban cuenta ni razón clara, pero todos veían que con sancionar la libertad de imprenta y abatir el Santo Oficio había derribado los más poderosos antemurales contra el desenfreno de las tormentas irreligiosas que hacía más de un siglo bramaban en Francia. Además, el intempestivo alarde de fuerza que los constituyentes gaditanos hicieron, reformando frailes y secularizando monasterios, encarcelando y desterrando obispos, rompiendo relaciones con Roma e imponiendo por fuerza la lectura de sus decretos en las iglesias, había convertido en acérrimos e inconciliables enemigos suyos a todo el clero regular, a la mayor y mejor parte del secular y a todo el pueblo católico, que aún era en España eminentemente frailuno.

La Constitución, pues, y toda la obra de las Cortes, cayó sin estruendo ni resistencia y aun puede decirse que fue legislación nonata. Para sostenerla no tenía a su lado más que a sus propios autores, a los empleados del Gobierno constitucional en Cádiz, a los militares afiliados en las logias, a una parte de nuestra aristocracia, que para errarlo en todo se entregaba de pies y manos a sus naturales adversarios; a un escaso pelotón de clérigos jansenistas o medio volterianos y al baldío tropel de abogados declamadores y sofistas de periódicos, lepra grande de nuestro estado social entonces como ahora, aprendices de conspiradores y tribunos y aspirantes al lauro de Licurgos y Demóstenes en la primera asonada.