vendredi 23 novembre 2012

Las elecciones catalanas del próximo día 25


Los principios del régimen liberal y democrático, al asentar la legitimidad del gobierno sobre el barro movedizo de las pasiones y tendencias individuales, implican la destrucción de la armonía que permite la convivencia de los hombres en sociedad. Una vez despreciada la religión verdadera como fundamento de la vida en común; una vez que en su lugar se ha colocado la llamada voluntad popular, con aplauso incluso de mucho eclesiástico, los vaivenes de la tornadiza ambición política conducen bien al estatismo avasallador que destruye las peculiaridades y costumbres regionales, bien a todo tipo de sedición e incluso a la secesión.

El texto constitucional, que pretende sustituir la estructura natural de nuestra sociedad y en el cual muchos ponen ingenuas esperanzas para la estabilidad de la patria, fue hecho a base de recortes y concesiones incoherentes, cuya eficacia real quedaba a expensas de las interpretaciones que los partidos gobernantes quisieran darle. Más concretamente, lo que dice sobre las comunidades autónomas y los municipios dentro de la nación tiene tal ambigüedad que sólo se explica por el designio de dar carta blanca a los políticos en su aplicación. De hecho, los partidos mayoritarios lo han usado como moneda de cambio para negociar el apoyo de los grupos regionales, concediéndoles, poco a poco, tan exorbitantes transferencias de poder que han hecho de las comunidades autónomas verdaderos estados dentro del estado. De ello ha resultado una organización social intrínsecamente imposible, porque sabido es que, para formar una unidad orgánica, las partes no pueden ser de la misma naturaleza que el todo.

El carlismo siempre ha propugnado la estructura foral, o, si se quiere, federativa, de nuestra patria, en la cual las diversas regiones y sociedades intermedias se unifican bajo la institución monárquica y bajo el principio fundamental de la unidad católica. Por eso, porque ninguna de esas cosas es mantenida por la democracia liberal, se ha opuesto constantemente a ella con todos sus medios. Cuando ha podido, se ha enfrentado a ella por las armas y, cuando no, lo ha hecho, aunque con cierta repugnancia, formando partidos desde los cuales ha tratado de de defender unos u otros de sus principios, dependiendo de las contingencias siempre cambiantes de los regímenes democráticos.

En tres guerras defendieron los carlistas la libertad de las regiones frente al centralismo liberal; en 1907 Vázquez de Mella decía “yo brindo por las libertades regionales, una de las bases y de los fundamentos esenciales de nuestro programa (de la Comunión Tradicionalista); y brindo, como su coronamiento natural, por la unidad española y por la unidad del Estado, que sobre esa unidad ha de fundar la suya. Y brindo por esas dos unidades apoyadas en los principios históricos y tradicionales”. Y, aunque en la guerra del 36 hubieron de oponerse a los nacionalistas vascos y catalanes, que absurdamente optaron por la República, eso no les impidió defender la foralidad de esas regiones y municipios frente al verticalismo del régimen posterior.

Tras la muerte de Franco, el verdadero carlismo se opuso a la implantación del régimen constitucional, entre otras cosas porque veía que, más pronto o más tarde, volvería a propiciar la tensión artificial entre las regiones y la unidad de la patria. Pero como la situación religiosa nacida del Concilio Vaticano II, junto a la defección de Carlos Hugo, mermó mucho sus fuerzas, hubo de mantenerse fuera del juego de partidos y, por regla general, tuvo que propiciar la abstención como manifestación de su repulsa al régimen. Lo cual no es óbice para que hoy, como en otras ocasiones, matice transitoriamente su política de oposición radical al sistema, para defender un bien común, aunque parcial, en virtud de las gravísimas circunstancias actuales.

Por ello, ante la pujante amenaza del separatismo, la Comunión Tradicionalista se conforma con recordar, junto a Santo Tomás, que apoyar la secesión y la sedición es siempre pecado mortal, porque se oponen a la unidad y la paz del Reino (S. T. 2.2. a. 42), y con concluir que no es lícito en modo alguno secundar la separación de Cataluña. Al mismo tiempo, a título de mera opinión orientativa y sin que medie compromiso alguno por su parte, la Comunión Tradicionalista destaca que, entre los partidos no nacionalistas, Plataforma por Cataluña mantiene una postura potencialmente próxima a la suya. Primero, porque parece declararse confesionalmente católica; segundo, porque se ha enfrentado a la solapada invasión musulmana, que constituye una de las mayores amenazas para el futuro de esa región y, tercero, porque, aun haciéndolo con mucha oscuridad, parece sostener las libertades catalanas, sin abjurar de la unidad de España.

Bien sabe la Comunión que cualquier participación en la democracia actual sólo puede posponer los conflictos inherentes a la naturaleza destructiva del sistema. Pero siempre es preferible retrasar cuanto se pueda una contienda, tan probable como carente de sentido, a la espera de que la Divina Providencia propicie circunstancias más favorables para el restablecimiento del régimen cristiano y legítimo.


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