Por lo sensible
del asunto, trataré de ser breve. El domingo hay convocada una manifestación en
Madrid en protesta por el famoso fin de la “doctrina Parot”.
De entrada las
manifestaciones, perdonen la crudeza, me parecen una sandez. Y no sirven para
nada en absoluto, más allá del pataleo propio de una rabieta infantil.
Si de
verdad se quiere hacer algo, de entrada la protesta debería tener lugar en
Bilbao o San Sebastián ¿no les parece? Y las “propuestas” deberían ser precisas
y de fondo, como exigir al gobierno lo que sencillamente es su obligación,
promover modificaciones urgentes de la legislación penal, garantizar el
cumplimiento de las leyes, de todas las leyes, y perseguir su vulneración
(desde la apología del terrorismo o del separatismo y colaboraciones con grupos
asesinos, hasta la colocación de banderas y demás símbolos en edificios
oficiales).
Pero el colmo de
la idiotez, al igual que ocurre con las manifestaciones en contra del
abominable crimen del aborto, es que acudan a las manifestaciones los miembros
y representantes de los partidos políticos cuyas actuaciones provocan las
protestas.
Unos apuntes
para que nadie se llame a engaño:
Primer ejemplo.
Un asesino llamado Josu Uribetxeberria Bolinaga, condenado a 178 años de cárcel
por el asesinato de tres guardias civiles y el secuestro 532 en un zulo de José
Antonio Ortega Lara, salió de la cárcel en septiembre del año 2012 por padecer
una enfermedad en estado terminal con una esperanza de vida de no más de nueve
meses. A día de hoy sigue vivito y coleando, y se le puede ver públicamente
tomando cañas en los bares. ¿Ha hecho algo al respecto el gobierno presidido
por Mariano Rajoy? Pues claro que no.
Segundo ejemplo.
Hace pocos días fueron condenados dos funcionarios por alertar a la banda
terrorista ETA de una operación de la Policía Nacional, de modo que los
asesinos pudieron huir y no ser capturados. El famoso caso “Faisán”. En la
sentencia no se califica el delito de colaboración con banda armada, al haber
estado motivada por su afán de no entorpecer las conversaciones de negociación
del gobierno de España con los terroristas. Siendo oficialmente así, la
Fiscalía General del Estado ha decidido no recurrir la sentencia y el gobierno
presidido por Mariano Rajoy no ha hecho absolutamente nada, presentando recurso
el Partido Popular como parte de la acusación “particular”.
Pero es que o
bien yo me he vuelto loco o somos todos idiotas… Si el chivatazo a la banda
terrorista tenía una finalidad política, ¿Cómo no se ha detenido aún al
presidente del gobierno de aquel momento y su ministro de interior, José Luis
Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba?
Pues
sencillamente porque los gobiernos cambian pero las políticas son las mismas.
Los terroristas siguen teniendo representantes en las instituciones a través de
formaciones políticas “legalizadas”, siguen pudiendo campar a sus anchas,
enalteciendo el terrorismo, quemando banderas, incumpliendo una y otra vez las
leyes y actuando como si el gobierno de España, que de facto no existe, no
existiese de iure.
Y en el
Principado de Cataluña exactamente lo mismo.
Si el domingo
cualquier miembro del Partido Popular o del Partido Socialista que apareciese
por la manifestación fuera recibido a pedradas, incluidos los que les hacen el
juego representando el papel de “voces discordantes”, y por si hay dudas me
refiero a Jaime Mayor Oreja, que si no está de acuerdo con las políticas de su
partido no sé porque no lo ha dejado hace tantísimo tiempo (sí que lo sé, claro
está, para vivir del cuento), igual cambiaba mi opinión, pero mucho me temo que
no será así.
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