España de nuevo en guerra

“Desde luego, la guerra no ha sido desarraigada de la humanidad. Mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de medios eficaces, una vez agotados todos los recursos pacíficos de la diplomacia, no se podrá negar el derecho de legítima defensa a los gobiernos. A los jefes de Estado y a cuantos participan en los cargos de gobierno les incumbe el deber de proteger la seguridad de los pueblos a ellos confiados, actuando con suma responsabilidad en asunto tan grave. Pero una cosa es utilizar la fuerza militar para defenderse con justicia y otra muy distinta querer someter a otras naciones. La potencia bélica no legitima cualquier uso militar o político de ella. Y una vez estallada lamentablemente la guerra, no por eso todo es lícito entre los beligerantes.” Constitución pastoral “Gaudium et spes”.

El Catecismo de la Iglesia Católica recoge claramente el magisterio sobre la guerra:

“Se han de considerar con rigor las condiciones estrictas de una legítima defensa mediante la fuerza militar. La gravedad de semejante decisión somete a esta a condiciones rigurosas de legitimidad moral. Es preciso a la vez:

— Que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto.

— Que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces.

— Que se reúnan las condiciones serias de éxito.

— Que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. El poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición.

Estos son los elementos tradicionales enumerados en la doctrina llamada de la “guerra justa”.

La apreciación de estas condiciones de legitimidad moral pertenece al juicio prudente de quienes están a cargo del bien común.”

El elemento fundamental es la condición expresada por el Vaticano II, “mientras… falte una autoridad internacional competente”. Porque es evidente que falta, que no existe, por más que se nos intente convencer que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ejerce como tal.

A modo de recordatorio, es importante señalar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (UNSC) adopta decisiones, llamadas “resoluciones”, cuyo cumplimiento es obligatorio para los firmantes la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo está conformado por los representantes de 15 gobiernos nacionales, los de los Estados Unidos de América, Francia, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Popular China, la Federación Rusa y otros 10 miembros no permanentes, renovados cada dos años. Las resoluciones requieren del voto afirmativo de, al menos, nueve miembros, disponiendo en todo caso los cinco miembros permanentes del derecho a veto.

Bajo ningún concepto nos encontramos ante una autoridad internacional legítima cuyas decisiones puedan ser consideradas como universalmente lícitas y justas. Estamos más bien ante el dictado de cinco gobiernos, entre ellos el de una república socialista cuya población aún padece en nuestros días la lacra del comunismo, que en un sucio y descarado juego de intereses particulares, deciden sobre el destino de la humanidad.

Cinco gobiernos que apelan hoy con urgencia al derecho de injerencia humanitaria en Libia, uno de los 20 principales países exportadores de petróleo, habiendo asistido impasibles, como organización, ya que como gobiernos nacionales mancharon sus manos con desmesura en la sangre de los “tutsi”, durante el genocidio de Ruanda, por poner sólo un ejemplo en el que las víctimas se estiman entre 500.000 y 1.000.000 de personas. Ruanda tiene una economía de subsistencia y carece de recursos naturales y minerales de importancia, lo que al parecer repercute en el “valor” o la “importancia” de la vida de sus desgraciados habitantes y la “urgencia” de las “intervenciones”.

Así pues, con todos los matices que sean necesarios, debemos afirmar que no existe más guerra justa que la que tiene por objetivo la defensa frente a una agresión, y que, como católicos, la única autoridad supranacional que podemos reconocer como legítima es la Santa Madre Iglesia, Católica, Apostólica y Romana.

En lo que respecta al desarrollo de las relaciones internacionales, como afirma el Vaticano II, “…la paz no es la mera ausencia de la guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas adversarias, ni surge de una hegemonía despótica, sino que con toda exactitud y propiedad se llama obra de la justicia (Is 32, 7).”

“Para edificar la paz se requiere ante todo que se desarraiguen las causas de discordia entre los hombres, que son las que alimentan las guerras. Entre esas causas deben desaparecer principalmente las injusticias. No pocas de éstas provienen de las excesivas desigualdades económicas y de la lentitud en la aplicación de las soluciones necesarias. Otras nacen del deseo de dominio y del desprecio por las personas, y, si ahondamos en los motivos más profundos, brotan de la envidia, de la desconfianza, de la soberbia y demás pasiones egoístas.”

“Para establecer un auténtico orden económico universal hay que acabar con las pretensiones de lucro excesivo, las ambiciones nacionalistas, el afán de dominación política, los cálculos de carácter militarista y las maquinaciones para difundir e imponer las ideologías.”